Dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana fueron víctimas de secuestro en territorio colombiano, luego de ser engañados mediante promesas falsas vinculadas a inversiones en el sector minero.
El ilícito tuvo lugar en el departamento de Putumayo, una región limítrofe con Ecuador caracterizada por la presencia y operación de diversas bandas delictivas y agrupaciones armadas disidentes.
El desplazamiento de los afectados fuera de su país de origen se registró el 29 de septiembre de 2026, fecha en la que cruzaron la frontera para concretar el supuesto encuentro de negocios.
Una vez que los ecuatorianos se encontraron con quienes aparentaban ser sus socios comerciales, la comunicación con sus respectivas familias se cortó de forma definitiva, sin que se conociera su paradero inmediato.
Los captores de las víctimas comenzaron a exigir el pago de la suma de USD 50.000 a cambio de permitir su liberación y salvaguardar su integridad física en la zona de cautiverio.
