Mónica Luzárraga Salazar incursiona por primera vez en los comicios para una dignidad de elección popular como candidata a la Alcaldía de Guayaquil bajo el respaldo de la alianza del partido Unidad Popular y el movimiento Pachakutik, listas 2-18. De profesión abogada y con un recorrido vinculado al activismo de derechos humanos, la docencia universitaria y funciones como jueza y defensora pública, se define a sí misma como una figura de centroizquierda políticamente incorrecta.
El ingreso a la contienda electoral surgió de manera orgánica a partir del impulso ciudadano y de la necesidad de asumir un rol activo frente a las problemáticas locales en lugar de mantenerse como espectador. Según detalla la candidata, el propósito inicial consistió en articular un bloque amplio de izquierda y centroizquierda, similar al concretado en Quito con Pabel Muñoz, aunque dicha convergencia no prosperó con la Revolución Ciudadana en Guayaquil.
Al reflexionar sobre la exclusión del correísmo en la unidad local, la aspirante señala que corresponde a dicha tienda política ofrecer explicaciones al respecto. Apunta que pesó un compromiso previo adquirido con Aquiles Alvarez, lo cual derivó en la designación de su esposa como candidata, y cuestiona cuáles fueron los parámetros utilizados para tomar dicha decisión en lugar de optar por una figura que aglutinara los ideales de la tendencia.
En el plano de las propuestas, el plan de trabajo enfatiza en la necesidad de transformar un modelo de gestión aplicado en Guayaquil durante tres décadas que, a su juicio, resulta caduco al no haber resuelto las profundas desigualdades sociales. Sostiene que sectores enteros carecen de servicios básicos como agua potable o alcantarillado, por lo que plantea orientar la obra pública hacia el bien común y priorizar a las zonas históricamente olvidadas y a los cinturones de pobreza.
En materia de salud y movilidad, la postulante aboga por un enfoque preventivo que comience por mejorar las condiciones de alimentación, el medio ambiente y el acceso a los servicios sanitarios básicos desde la comunidad. Asimismo, critica que la Autoridad de Tránsito Municipal haya medido su éxito en función de la recaudación por multas e infracciones, por lo que propone transformar la administración hacia la educación vial y la promoción de medios de transporte sostenibles.
Respecto a la seguridad ciudadana, reconoce que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado central a través de la Policía Nacional y las fuerzas armadas, pero aclara que desde el municipio se pueden impulsar acciones complementarias. Estas medidas comprenden la iluminación de calles, la recuperación del espacio público y la vinculación de niños y jóvenes a programas culturales, artísticos y deportivos para prevenir su ingreso en grupos de delincuencia organizada.
Finalmente, en el ámbito del desarrollo productivo, la campaña contempla formalizar el comercio no regularizado, las tiendas de barrio y la economía invisibilizada para generar recursos locales, además de revitalizar el centro de Guayaquil mediante una visión de habitabilidad y seguridad. En el aspecto personal, la aspirante de 39 años enfatiza la coherencia en su trayectoria y lamenta que el debate político actual se centre en las descalificaciones en lugar de la discusión de ideas.
